La ley antimafias volvió al centro del debate porque la Procuraduría sugirió inhabilitar a los contadores que colaboren con el crimen organizado. La idea surgió el 23 de septiembre de 2026, durante una sesión de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.
Si eres contador, emprendedor o simple contribuyente, esto te toca de cerca. ¿La razón? Los libros contables también pueden servir de puerta trasera para el dinero sucio.
Por eso, en este artículo te cuento qué pidió la Procuraduría, qué plantea el proyecto y en qué etapa va su trámite.
Además, repasamos las críticas, los vacíos que aún quedan y las precauciones que puedes tomar desde hoy mismo.
Qué es la ley antimafias y por qué genera tanto ruido
Piensa en una banda criminal como una empresa clandestina. Tiene jefes, mensajeros, vigilantes y, claro, alguien que lleva las cuentas.
Esa es justo la lógica de la ley antimafias: golpear a toda la red y no solo a quien aprieta el gatillo.
Su nombre oficial habla de reformar varios cuerpos legales para fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado.
La asambleísta Mishel Mancheno, de ADN y hoy presidenta de la Asamblea, presentó el proyecto el 1 de junio de 2026.
El texto reforma el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.
En total, plantea 14 reformas: once al COIP, una a la extinción de dominio y dos a la función judicial.
Además, la comisión también maneja ajustes al Código Orgánico Monetario y Financiero.
El objetivo, según sus impulsores, es alcanzar a toda la cadena que sostiene a una banda, no únicamente al autor visible.
Eso incluye al campanero, al cobrador de extorsiones, al transportista y a quien guarda las armas.
La iniciativa cuenta con el respaldo del ministro del Interior, John Reimberg, y del Gobierno de Italia.
De hecho, el texto toma como referencia la legislación antimafia de Italia, Estados Unidos y Argentina.
Por otro lado, la Asamblea asegura que el proyecto incorpora aportes de más de 50 comparecencias.
Esa lista sigue creciendo, porque la Comisión de Seguridad Integral todavía escucha a expertos antes de redactar el informe de segundo debate.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la contabilidad? Ahí entra la Procuraduría.
Qué pidió la Procuraduría sobre los contadores
El 23 de septiembre de 2026, la Comisión de Seguridad Integral recibió a Abelardo Albornoz.
Albornoz es director nacional de Patrocinio Nacional de la Procuraduría General del Estado.
Durante su intervención, planteó incluir a los contadores dentro de la inhabilitación profesional que prevé el proyecto.
Según el boletín de la Asamblea, también mencionó a otros profesionales que desarrollan actividades financieras.
La condición es clara: que esas personas hayan colaborado con organizaciones criminales.
Además, sugirió que la medida conste en la disposición transitoria correspondiente, para que el texto quede coherente.
En definitiva, la Procuraduría quiere extender a los contadores la sanción prevista para los abogados.
En otras palabras, el proyecto ya habla de quitar la profesión a abogados condenados, y la Procuraduría pide sumar a los contables.
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Otras propuestas de la Procuraduría en la misma sesión
Los contadores no fueron su único tema. Albornoz dejó otras sugerencias sobre la mesa de la Comisión.
Pidió delimitar los fines para los que las organizaciones sin fines de lucro podrán usar bienes incautados.
En ese caso, priorizó ámbitos como la salud, el bienestar social y la protección de niños, niñas y adolescentes.
En materia penal, consideró necesario incorporar los delitos contra la administración pública junto con el lavado de activos.
Así, esos delitos quedarían ligados a las disposiciones sobre delincuencia organizada, algo que hoy el proyecto no contempla del todo.
También planteó autorizar, de forma excepcional, el uso institucional de bienes tecnológicos incautados dentro de los procesos.
Habló de drones, computadoras, cámaras y robots, con el fin de evitar que se deterioren o queden obsoletos mientras avanzan los juicios.
Finalmente, los participantes de esa jornada enviarán sus observaciones por escrito para que la Comisión las analice.
Por qué apuntan a los contadores
Los reportes consultados no detallan toda la motivación de la Procuraduría, pero la lógica se deduce con facilidad.
Un contador conoce el flujo del dinero de una empresa. Sabe cómo se registran los ingresos y cómo se justifican los gastos.
También sabe cómo se arma una sociedad, un trámite que cualquier negocio, legítimo o no, necesita en algún momento.
Por eso, una banda con mala fe podría aprovechar ese conocimiento para disfrazar el origen de sus fondos.
Sin embargo, conocer el dinero no equivale a ser cómplice. Esa diferencia será el centro del debate en las próximas semanas.
Es una propuesta, no una norma vigente
Conviene aclararlo desde ya: la sugerencia de la Procuraduría todavía no es ley.
La Comisión de Seguridad Integral decidirá si la incorpora en su informe para segundo debate.
Mientras tanto, el texto que conocieron los legisladores en el primer debate habla de abogados, no de contadores.
Por eso, hoy ningún contador puede ser inhabilitado con base en esta propuesta.
Cómo funciona la inhabilitación en la ley antimafias para los abogados
Para entender qué podría pasar con los contadores, mira primero qué pasa con los abogados.
El proyecto plantea una inhabilitación permanente para ejercer la abogacía en ciertos casos de condena.
Aplicaría a quienes reciban sentencia ejecutoriada por crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia.
Además, el delito debe estar vinculado al ejercicio de la profesión. No basta con tener un antecedente cualquiera.
El texto presentado en junio también menciona cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal y testaferrismo.
Mancheno insistió en que la reforma no castiga la defensa técnica. Defender a un cliente dentro de la ley forma parte del debido proceso.
Según ella, lo que se sanciona es usar la profesión para ayudar, proteger o facilitar la actuación de una banda.
En derecho penal, esa intención deliberada se conoce como dolo, y será la palabra clave de todo este debate.
Esta tabla resume cómo se ve hoy el trato a ambos oficios dentro de la discusión legislativa.
| Aspecto | Abogados | Contadores |
|---|---|---|
| Situación | Incluidos en el texto del proyecto | Propuesta de la Procuraduría, en análisis |
| Medida | Inhabilitación permanente para ejercer | Extender la inhabilitación profesional prevista para abogados |
| Requisito | Sentencia ejecutoriada | Aún no precisado públicamente |
| Alcance | Delitos de crimen organizado, lavado, corrupción u obstrucción ligados a la profesión | Contadores y otros profesionales de actividades financieras que hayan colaborado con organizaciones criminales |
| Etapa | Superó el primer debate el 27 de agosto de 2026 | Observación recibida el 23 de septiembre de 2026 |
Qué significa sentencia ejecutoriada
Una sentencia ejecutoriada es una decisión judicial firme. Ya no admite más recursos para cambiarla.
Este detalle importa mucho: la inhabilitación de abogados procedería solo después de una condena definitiva, no durante la investigación.
Por lo tanto, una simple sospecha o una acusación no bastarían para quitarle el título a nadie.
Falta ver si el texto exigirá lo mismo para los contadores. Ese requisito marcará la diferencia entre una sanción justa y una arbitraria.
La reacción del gremio de abogados sobre la Ley antimafias
Los abogados ya reaccionaron. César García, del Colegio de Abogados del Guayas, sostuvo que esa sanción ya existe en el COIP.
Según García, los artículos 60 y 65 del COIP ya contemplan la inhabilitación en casos relacionados con el ejercicio de la profesión.
Además, advirtió que la medida estigmatiza a los profesionales del derecho.
También cuestionó que se dé por hecho que no existe rehabilitación social dentro del sistema penitenciario.
Una discusión parecida podría surgir si los contadores ingresan al articulado. Por eso conviene seguir de cerca esa evolución.
Qué sanciones plantea el proyecto para quienes ayudan a las bandas
La inhabilitación no es el único castigo en discusión. La ley antimafias también endurece las penas de cárcel contra el crimen organizado.
El artículo 369 del COIP subiría la condena base de 22 a 26 años de privación de libertad.
Esa pena aplicaría a quienes constituyan u organicen grupos de tres o más personas con fines económicos ilícitos.
Si la banda comete terrorismo, sicariato, minería ilegal, trata de personas o lavado de activos, la pena llegaría a 30 años.
Ahora viene lo que más interesa a los contadores: la figura del colaborador externo.
Existirían penas de 10 a 13 años para quien, sin integrar la estructura, facilite asesoría financiera, tecnológica o contable.
Colaborar con logística, infraestructura o recursos podría costar hasta 13 años de cárcel.
Fíjate en el detalle: la asesoría contable ya aparece como una conducta sancionable, incluso sin hablar de inhabilitación profesional.
Para que lo veas de un vistazo, aquí van las sanciones más comentadas del proyecto.
| Figura | Sanción planteada |
|---|---|
| Organizar o constituir un grupo de tres o más personas | 26 años (hoy, 22) |
| Misma conducta con agravantes graves | Hasta 30 años |
| Colaborador externo (asesoría financiera, tecnológica o contable) | De 10 a 13 años |
| Abogado con sentencia ejecutoriada por crimen organizado vinculado a su profesión | Inhabilitación profesional |
Estas cifras corresponden al texto en debate y pueden cambiar cuando la Comisión redacte el informe de segundo debate.
Cómo separar al colaborador del profesional engañado
Entonces, ¿cómo distinguir al colaborador de mala fe del contador que solo hizo su trabajo?
El experto en derecho penal Saulo Jaramillo propuso exigir elementos objetivos y suficientes para sancionar al colaborador externo.
Según su planteamiento, esos elementos deben acreditar que la persona actuó de manera consciente y voluntaria.
Además, su conducta tendría que haber contribuido de forma relevante a la estructura criminal.
En la práctica, esa exigencia busca separar al cómplice del profesional que fue engañado por su cliente.
Jaramillo también sugirió usar inteligencia artificial para prevenir y combatir el lavado de activos.
Asimismo, propuso incluir los activos digitales como objeto material de los delitos de corrupción pública y privada.
Por su lado, el experto José Salguero recomendó revisar las penas de la pertenencia funcional y de la colaboración externa.
Esa revisión importa, porque una pena desproporcionada podría terminar golpeando más a un eslabón débil que a un cabecilla.
Qué dicen legisladores, expertos y gremios sobre la Ley antimafias
La discusión sobre la ley antimafias está lejos de ser unánime. Cada bancada y cada especialista pone el acento en un punto distinto.
La defensa del oficialismo
Desde ADN, la defensa es directa: el Estado necesita herramientas ágiles para enfrentar a las bandas.
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, explicó que el crimen no solo busca controlar cargamentos de droga.
Según ella, también quiere controlar rutas, recursos económicos, información, protección y hasta instituciones del Estado.
Por su parte, el asambleísta Andrés Castillo aseguró que la ley apunta al terrorismo y a la delincuencia organizada.
Insistió en que el proyecto no busca castigar al delincuente común, aunque sí endurecer el trato penal para estos casos.
Las dudas de la oposición
En cambio, la Revolución Ciudadana pidió precisar los tipos penales para no vulnerar garantías constitucionales.
El asambleísta Gerardo Machado advirtió que los tipos penales abiertos generan interpretaciones contradictorias en los tribunales.
Incluso habló de «populismo penal» por el aumento de las condenas. Además, cuestionó la prisión preventiva sin hechos individualizados.
Por otro lado, el asambleísta Luis Fernando Molina cuestionó la venta anticipada de bienes incautados.
Para él, vender sin una sentencia definitiva puede vulnerar la presunción de inocencia, aunque apoya incautar bienes del narcotráfico.
Mientras tanto, el Partido Social Cristiano fue en sentido contrario.
Su asambleísta Alfredo Serrano pidió eliminar el límite de 40 años en la acumulación de penas.
Expertos y gremios
La experta en derecho tributario Carmen Simone también aportó a la Comisión.
Sobre la inhabilitación de abogados, pidió que se relacione con el ejercicio profesional y que derive de una sentencia ejecutoriada.
Además, propuso exigir un uso doloso, directo y esencial de la profesión en la infracción.
Ese criterio podría servir también como vara para medir la responsabilidad de un contador.
Simone planteó, asimismo, fortalecer los controles y la independencia de los avalúos en la venta anticipada de bienes.
Por su parte, el juez Renán Andrade pidió prohibir la enajenación de bienes sujetos a medidas, para que la incautación no pierda eficacia.
También advirtió que la Resolución 187-2026 suprimió la unidad especializada en corrupción y crimen organizado, lo que podría crear vacíos de competencia.
A su vez, el Ministerio del Interior y un experto en compliance pidieron fortalecer la institucionalidad que aplicará la ley.
También sugirieron incorporar mecanismos de compliance, es decir, sistemas para prevenir riesgos legales y promover una cultura de cumplimiento.
Ahora bien, ¿qué opinan los gremios contables?
Hasta el cierre de este artículo, no se conocía un pronunciamiento público de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador.
La discusión es reciente, así que conviene estar atento a cualquier comunicado de la Federación o de los colegios de contadores.
Mientras tanto, el gremio de abogados ya mostró el tipo de objeciones que podrían repetirse en el sector contable.
Lo que ya dice la Ley de Contadores
Antes de asustarte, recuerda que la profesión contable ya tiene su propio régimen sancionador.
La Federación Nacional de Contadores del Ecuador, creada en 1945, se rige por la Ley de Contadores de 1966.
Esa norma la define como la entidad máxima representativa de los contadores del país.
Además, su artículo 11 permite suspender a un contador que incurra en ciertos delitos, por un tiempo prudencial.
La decisión corresponde al Directorio Central de la Federación y depende de la gravedad de la falta y de sus circunstancias.
Ojo con un detalle: la norma cita artículos del antiguo Código Penal, anterior al COIP.
Por eso, la idea de la Procuraduría para la ley antimafias no cae en terreno virgen. El oficio ya contempla sanciones profesionales.
La diferencia estaría en el origen: hoy sanciona el gremio y, según la propuesta, la medida se ligaría a la ley contra el crimen organizado.
Cómo se cuela el dinero sucio por la contabilidad
Quizá te preguntes cómo un balance puede esconder dinero ilegal. Piensa en un grifo y una tubería con filtraciones.
El dinero ilícito necesita un camino que parezca legal. Y ese camino, muchas veces, pasa por facturas, sociedades y cuentas.
Por eso, las autoridades miran con lupa las señales de alerta. Aquí van algunas de las más comunes en general.
Entre ellas están las facturas sin operación real, las empresas sin actividad aparente y los pagos en efectivo inusuales.
También preocupan los clientes que no explican el origen de sus fondos o que exigen urgencia sin justificación.
Detectar estas señales no te convierte en investigador. Sin embargo, ignorarlas a conciencia podría ponerte en una posición muy incómoda.
Y aquí está el punto central del proyecto: castigar la colaboración consciente, no el error de buena fe.
Cuáles son los pasos de la ley antimafias hasta su aprobación
El proyecto avanza por etapas, y todavía le falta la más decisiva.
Esta tabla resume el recorrido hasta hoy.
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 1 de junio de 2026 | Mishel Mancheno presenta el proyecto en la Asamblea |
| 24 de agosto de 2026 | La Comisión aprueba el informe de primer debate, con ocho votos a favor y dos abstenciones |
| 27 de agosto de 2026 | El Pleno tramita el primer debate, con la participación de 22 asambleístas |
| 23 de septiembre de 2026 | La Procuraduría propone incluir a los contadores en la inhabilitación |
| Última semana de octubre | La Comisión aspira a aprobar el informe de segundo debate |
| Primera o segunda semana de noviembre | El Pleno podría conocer el proyecto, antes del receso legislativo |
Fíjate en las fechas próximas: la Comisión cerraría en unas tres semanas la socialización del proyecto.
Después se concentraría en redactar el informe para el segundo y definitivo debate.
Con eso, el Pleno podría conocerlo en noviembre. Si lo aprueba, el texto pasaría al presidente de la República, que puede sancionarlo u objetarlo.
Por tanto, el momento de incidir es ahora, mientras el informe se redacta. Después, los cambios serán más difíciles.
Otro punto caliente de la Ley antimafias: los bienes incautados
Aunque hablemos de contadores, el gran debate actual gira en torno a otro tema.
Se trata de la venta anticipada de bienes incautados a organizaciones delictivas.
La Ley antimafias permitiría venderlos cuando sean perecederos, puedan deteriorarse o conservarlos cueste demasiado al Estado.
Para eso, el fiscal debería pedir autorización judicial, respaldada con informes técnicos y avalúos.
El dinero iría a una cuenta especial y se devolvería con sus rendimientos si una sentencia ordena restituir los bienes.
Castillo defiende el mecanismo por el costo de mantener vehículos o animales incautados durante años.
En cambio, Molina teme que el Estado deba pagar con recursos públicos si alguien resulta inocente.
Qué puedes hacer si eres contador o dueño de un negocio
Nada de esto significa que ejercer la contabilidad se vuelva riesgoso de un día para otro.
Sin embargo, las propuestas de la ley antimafias premian la prudencia y castigan la ceguera voluntaria.
Por eso, te dejo prácticas generales de prevención. No reemplazan el criterio de un abogado, pero ordenan tu trabajo.
| Práctica | Por qué ayuda |
|---|---|
| Conocer a tu cliente: identidad, actividad y origen de fondos | Ayuda a demostrar que actuaste de buena fe |
| Exigir respaldos documentales de cada operación | Un asiento sin soporte es una señal de alerta |
| Desconfiar de pagos en efectivo inusuales o fraccionados | Son patrones que suelen llamar la atención de las autoridades |
| Dejar por escrito el alcance de tu servicio | Separa tu asesoría de las decisiones ajenas |
| Evitar crear o prestar sociedades sin actividad real | Reduce el riesgo de que se usen como pantalla |
| Capacitarte en prevención de lavado de activos y compliance | La Comisión analiza incorporar mecanismos de compliance |
| Consultar a un abogado ante cualquier duda | El texto final todavía puede cambiar |
Y si eres dueño de un negocio, esto también te toca. Contrata contadores formales y entrégales información completa y verdadera.
Pregunta cómo se respaldan tus movimientos y evita pedirle a tu contador soluciones raras o «arreglos» de último minuto.
Recuerda, además, que según el texto de la Ley de Contadores, quien lleva tu contabilidad debe estar inscrito en el Registro Nacional de Contadores.
Finalmente, sigue las novedades del trámite en la web de la Asamblea Nacional y en medios confiables.
Cualquier cambio en el informe para segundo debate puede alterar el alcance de la inhabilitación.
Conclusión
La ley antimafias aún no inhabilita a ningún contador, pero la propuesta de la Procuraduría marca el rumbo. Documenta cada operación y sigue de cerca el segundo debate.
Preguntas frecuentes sobre el proyecto de Ley antimafias
¿Qué busca el proyecto contra el crimen organizado en Ecuador?
Es un proyecto, conocido como ley antimafias, que reforma el COIP, la Ley de Extinción de Dominio y el Código de la Función Judicial para combatir al crimen organizado.
Lo presentó Mishel Mancheno el 1 de junio de 2026 y superó el primer debate en el Pleno el 27 de agosto.
¿Qué propuso la Procuraduría sobre los contadores?
Propuso incluir a contadores y otros profesionales de actividades financieras en la inhabilitación profesional cuando hayan colaborado con organizaciones criminales.
La sugerencia la presentó Abelardo Albornoz el 23 de septiembre de 2026 ante la Comisión de Seguridad Integral.
¿Ya está vigente la ley antimafias?
No. El proyecto todavía está en trámite en la Asamblea Nacional y no se ha aprobado en segundo debate.
La Comisión de Seguridad Integral aspira a aprobar su informe en la última semana de octubre, y el Pleno lo conocería en noviembre.
¿Qué penas propone el proyecto para quienes colaboran con bandas criminales?
Según Expreso, propone de 10 a 13 años para colaboradores externos que faciliten asesoría financiera, tecnológica o contable.
Además, la pena base por organizar un grupo criminal subiría de 22 a 26 años, y hasta 30 con agravantes.
¿Cómo puede un contador reducir su riesgo legal?
Debe verificar a sus clientes, exigir respaldos de cada operación y dejar por escrito el alcance de su servicio.
Además, conviene capacitarse en prevención de lavado de activos y consultar a un abogado ante operaciones inusuales.
