¿Recuerdas los apagones de 2024 que nos dejaron sin luz durante horas? Detrás de esa crisis eléctrica hay una trama de corrupción que cada vez se revela más oscura.
Y este 18 de junio de 2026 llegó una noticia que marca un punto de inflexión: la UAFE ya congeló los fondos de todas las cuentas de personas naturales y jurídicas asociadas a esta trama de corrupción, según declaró el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, en una entrevista en Teleamazonas.
Esto no es un rumor ni una filtración. Es oficial, y sus implicaciones son enormes.
¿Qué es el caso Progen y por qué nos importa?
Para entender el peso de este anuncio, hay que saber de dónde viene el escándalo. El caso Progen se originó tras la firma de contratos por 149,1 millones de dólares para la instalación de generación eléctrica de emergencia.
Los proyectos acumularon retrasos e incumplimientos, mientras que la Fiscalía mantiene una investigación penal por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos vinculados a esas contrataciones.
En otras palabras: el Estado ecuatoriano pagó cientos de millones de dólares para salir de la crisis energética, y ese dinero —según las investigaciones— terminó en los bolsillos de una red de personas y empresas. Es como pagar por un paracaídas y descubrir que alguien lo vendió por piezas antes de que lo necesites.
La Fiscalía General del Estado sostiene que el posible perjuicio económico para el país superaría los USD 104 millones. Una cifra que debería indignar a cualquier ecuatoriano.
La UAFE entra en acción: ¿qué significa congelar fondos?
Cuando la UAFE congela fondos, no está simplemente «investigando». Está actuando.
La UAFE dispuso la inmovilización de fondos vinculados con personas naturales y jurídicas que aparecen dentro del análisis financiero realizado por la entidad.
La medida busca evitar la dispersión, ocultamiento o transferencia de recursos que podrían resultar relevantes para el avance de la investigación.
Piénsalo así: es como poner un candado en la caja fuerte antes de que alguien se lleve lo que queda. Y con razón, porque el dinero en este caso se movía a una velocidad alarmante.
Además, la UAFE remitió a la Fiscalía General información sobre los 29 presuntos beneficiarios del dinero entregado por el Estado ecuatoriano. Veintinueve. No es una persona actuando sola; es toda una red.
El dinero que nunca se quedó quieto: la ruta del desfalco
Aquí viene lo que más llama la atención de toda esta investigación. Los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de Progen. Cada pago realizado por Celec a Progen fue distribuido a diferentes actores.
¿Una semana? Exactamente. El dinero llegaba a las cuentas de la empresa estadounidense y desaparecía antes de que se cumplieran siete días. Eso no es gestión financiera normal; eso es una operación diseñada para borrar huellas.
Según la investigación, los recursos habrían sido transferidos desde la empresa pública CELEC hacia PROGEN y posteriormente distribuidos entre una red de empresas y personas naturales.
El informe señala que 29 personas jurídicas habrían recibido pagos directos, mientras que una subcontratista identificada como Astrobryxsa LLC concentró la mayor parte de los fondos, con aproximadamente 15,2 millones de dólares.
Y esa subcontratista no actuó sola. Después distribuyó los recursos entre nueve beneficiarios más. Es como una pirámide invertida: el dinero público entra por arriba y se fragmenta hacia abajo, volviéndose cada vez más difícil de rastrear.
La cooperación internacional que lo cambió todo
¿Cómo se logró reconstruir esta ruta? No fue fácil ni rápido.
El funcionario aseguró que logró reconstruir la distribución de los recursos gracias a la cooperación internacional con Estados Unidos y la aplicación de la Ley RICO.
«La investigación financiera no se limitó a revisar contratos; reconstruyó transferencia por transferencia el recorrido de los fondos y lo que encontró es una red de empresas y personas que se lucraron de recursos de todos los ecuatorianos utilizando a Progen como medio». José Julio Neira
La Ley RICO —diseñada para combatir el crimen organizado en Estados Unidos— está siendo una herramienta clave. Neira señaló que están utilizando todos los mecanismos de cooperación internacional para tratar de congelar todo lo que se pueda de los fondos de Progen.
Esto tiene una implicación importante: la investigación no está limitada a Ecuador. Se extiende hasta territorio estadounidense, donde operaban parte de las empresas involucradas.
Los nombres que señala el gobierno
La investigación ha identificado actores concretos. El funcionario mencionó varios nombres en su informe público.
El nexo familiar que habría abierto las puertas
El «nexo» principal para facilitar esta compraventa de generadores es la aparente relación familiar entre Karla Saud Calero, representante en Ecuador de Progen, y Alex Dueñas Calero, quien fue servidor de Celec. «Ese nexo familiar fue el que construyó toda la trama de corrupción para que esos contratos se den», dijo Neira.
Y no se trata de alguien sin experiencia. Saud no es principiante en la contratación pública; se estrenó con contratos públicos en el sector estratégico de electricidad y medicinas desde el 2016.
Karla Saud y el dinero para gastos personales
Saud habría utilizado más de 162.000 dólares en gastos personales provenientes de recursos identificados en el análisis financiero. «Utilizó más de 162 000 dólares de ese dinero para sus gastos personales, lo que la coloca como una de las beneficiarias finales del entramado», afirmó el funcionario.
El abogado y las ocho empresas
Entre los nombres mencionados por Neira figura José Luis Hidalgo Fernández. El funcionario sostuvo que el abogado habría facilitado el traspaso de bienes dentro de la estructura investigada y que forma parte del estudio jurídico que patrocina a personas procesadas por delincuencia organizada, entre ellas el prófugo Xavier Jordán.
Además, indicó que Hidalgo creó y adquirió ocho empresas que habrían servido para distribuir recursos.
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Los indicios de lavado de activos
Más allá del peculado, la trama tiene otro componente grave. La Unidad de Análisis Financiero y Económico señaló que, dentro del caso Progen, se identificaron indicios de un presunto lavado de activos.
Según la institución, el análisis de inteligencia financiera justificó sus acusaciones en una red de transferencias nacionales e internacionales, triangulación de fondos, pagos a terceros sin justificación económica, así como la adquisición de bienes y otras operaciones patrimoniales.
¿Recuerdas cómo funciona el lavado de dinero en las películas? Empresas fantasma, transferencias cruzadas, compra de propiedades. Pues exactamente eso describe la UAFE en su informe.
La documentación incluye adquisiciones de bienes inmuebles y otros movimientos patrimoniales que podrían guardar relación con intentos de incorporar recursos al sistema económico formal.
¿Qué sigue ahora? La Fiscalía tiene la palabra
Con los fondos congelados y los informes en manos de la Fiscalía, ¿qué viene? Neira señaló que están a la espera de que Fiscalía se pronuncie con toda la información enviada, y aseguró que «el compromiso con los ecuatorianos es que se sepa cada dólar que se robaron a dónde fue».
Por su parte, la instrucción fiscal del caso Apagón será de 90 días con la posibilidad de ampliarse por 30 días adicionales. Es decir, en los próximos meses deberían conocerse más detalles procesales sobre los responsables.
Desde el ángulo judicial, hay que recordar que ya existen órdenes de prisión preventiva contra exfuncionarios públicos y ejecutivos vinculados a la empresa estadounidense. Y el gobierno, paralelamente, impulsa una demanda civil contra Progen en la Corte del Distrito Medio de Florida.
La presión es simultánea: en Ecuador y en Estados Unidos.
Lo que esto significa para todos los ecuatorianos
No nos engañemos: este caso no es solo político ni solo judicial. Es sobre dinero público. Dinero de los impuestos que todos pagamos. Cada dólar que se desvió hacia las cuentas de Progen o de sus beneficiarios es un dólar que no llegó a hospitales, carreteras o colegios.
«El Gobierno del presidente Daniel Noboa avanza con paso firme para la recuperación de lo que parece ser uno de los más grandes atracos que ocasionó la mayor crisis energética de los últimos tiempos», señaló el funcionario.
El congelamiento de fondos es, hasta ahora, la acción más concreta y contundente que se ha tomado. Pero no es el final del camino; es apenas el inicio de la recuperación.
Conclusión
El caso Progen ya no es solo una investigación en papel. Con el congelamiento de fondos ordenado por la UAFE, con 29 beneficiarios identificados, con la cooperación de Estados Unidos mediante la Ley RICO y con la Fiscalía recibiendo información clave, Ecuador está siguiendo la ruta del dinero con herramientas reales.
Queda por ver cuánto se recupera y cuántos de los responsables enfrentarán consecuencias reales. Lo que sí está claro es que esta trama de corrupción ya tiene nombre, apellido y —ahora— cuentas congeladas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la UAFE y por qué tiene poder para congelar fondos?
La UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) es el organismo estatal ecuatoriano encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tiene atribuciones legales para ordenar la inmovilización de fondos cuando detecta operaciones financieras inusuales o injustificadas vinculadas a presuntos delitos.
¿Cuánto dinero está involucrado en el caso Progen?
Según la Fiscalía General del Estado, el perjuicio económico para el país podría superar los 104 millones de dólares, aunque los contratos originales entre Celec y Progen Industries LLC alcanzaron los 149,1 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales beneficiarios identificados en el caso Progen?
Entre los mencionados por el gobierno figuran Karla Saud Calero, representante de Progen en Ecuador, quien habría usado más de 162.000 dólares para gastos personales; y el abogado José Luis Hidalgo Fernández, quien presuntamente creó ocho empresas para distribuir los fondos. También se señala a Alex Dueñas Calero, exfuncionario de Celec, como el vínculo familiar clave para la adjudicación de contratos.
¿Qué es la Ley RICO y cómo se aplica al caso Progen?
La Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una norma federal de Estados Unidos diseñada para combatir el crimen organizado. En el caso Progen, Ecuador la usa como herramienta de cooperación internacional para rastrear transferencias financieras realizadas en territorio estadounidense y potencialmente sancionar a las empresas involucradas.
¿Qué diferencia hay entre el caso Progen y el caso Apagón?
Son dos nombres para la misma trama. El «caso Apagón» es el proceso penal formal que investiga el presunto peculado relacionado con los contratos de generación eléctrica de emergencia, mientras que «caso Progen» es el nombre coloquial que hace referencia directa a la empresa estadounidense Progen Industries LLC, adjudicataria de esos contratos.
